La criminalización de la protesta tiene como objetivo protegerse del pueblo

Ssociólogos

El pasado 29 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó “el nuevo texto normativo del anteproyecto de Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana”, elaborado por el Ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díaz como titular. Y hace escasos días conocíamos las novedades introducidas por la Comisión de Interior del Congreso de Diputados, con los votos favorables de PP, CiU i PNV, en la Ley de Seguridad Privada. Nuevas competencias para los vigilantes privados –hasta ahora exclusivas de los diferentes cuerpos de Policía del Estado-, tales como la identificación y detención de persones en la vía pública. Estas modificaciones suponen un paso más allá en la mercantilización del espacio público y, además, abren la puerta al ejercicio arbitrario de los futuros vigilantes “pseudoagentes”, al servicio de intereses económicos. Volviendo a la reforma de la ley de seguridad ciudadana, Interior la justifica apelando a una demanda social. Y…

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